Asi mismo se aprueba por unanimidad un protocolo y conjunto de medidas de actuación frente a los desahucios. Hacemos constar nuestra satisfacción ante la unanimidad del consistorio en este punto.
Sin embargo, y aunque no dudamos de la buena intención con la que se ha redactado este protocolo de actuación, creemos firmemente que desde el Ayuntamiento de Manzanares el Real se puede hacer mucho más.
El primer punto de este protocolo son las que atañen a medidas fiscales, se propone que sea la entidad bancaria que se queda con la vivienda habitual la que pague la plusvalía, sin embargo, se estipula que la familia cumpla los requisitos del Real Decreto 6/2012. No sabemos si el PSOE y el PP se han leído las condiciones que se fijan en dicho decreto, en todo caso se lo diremos nosotros cuáles son dichos requisitos: no tener aval, que el valor de la casa no supere los 120.000€, que todos los miembros estén en el paro y que la cuota de la hipoteca supere el 60% de los ingresos. Lo que en principio parece una muy buena idea, porque es inaudito que una familia que se queda sin su casa además tenga que pagar plusvalía, se queda en agua de borrajas, puesto que en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sierra Norte no tenemos ningún caso que cumpla con esas condiciones. El decreto 6/2012 que toman como instrumento para definir el umbral de exclusión social, lo promulgó el Gobierno del Estado español dando a entender que era el decreto que permitiría la dación en pago, en toda España sólo se han concedido siete daciones en pago, es decir sólo siete familias cumplían con esas condiciones. Por todo ello le pedimos que modifiquen el criterio de exclusión social que se emplea en el protocolo y medidas de actuación frente a desahucios. La plusvalía la tienen que pagar los bancos SIEMPRE, con la única condición de que la familia a la que se le ha concedido la dación posea una única vivienda.
Respecto a la segunda medida, que supone el pago del IBI por parte de la familia a la que el banco le ha concedido el alquiler social, no entendemos el razonamiento que han seguido aquellas personas que han redactado este protocolo. El IBI es el impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, grava la propiedad, así que la familia al no ser ya la propietaria del inmueble tendría que ser el banco quien satisficiera ese impuesto, lo contrario sería profundamente injusto.
Las medidas para el empleo son bastante descafeinadas, conscientes de que estamos en una época en la que el empleo brilla por su ausencia, pero este hecho no tiene que servir para justificar la falta de inversión del Ayuntamiento en políticas de empleo, no solamente para las personas afectadas por desahucios sino para los desempleados en general. Entre las medidas para el empleo destaca el hecho de que si el afectado rechaza un empleo, este perderá la ayuda municipal. Como ya hemos dicho antes creemos que el requisito de que todos los miembros de la familia estén en paro para obtener las ayudas municipales debe ser eliminado, puesto que estamos en una época de gran precariedad laboral con muchas familias en las que a lo mejor no todos están en el paro pero tienen contratos temporales de 6 meses y media jornada. Señores una familia no pierde su casa porque no le apetezca seguir pagando, la pierde porque NO PUEDE seguir pagándola.
En cuanto al protocolo de actuación frente a desahucios, las medidas son bastante difusas. Se encarga a los Servicios Sociales el asesoramiento de los afectados y la mediación con la entidad bancaria. La realidad es bastante cruda, casi la única acción que pueden realizar los servicios sociales en estos casos es la elaboración de un informe social en el cual se detalla la situación del afectado y que algunas veces sirve para la paralización del desahucio, así como realizar una solicitud al IVIMA para que el afectado obtenga un alquiler a un precio más razonable que los que se encuentran hoy en día en el mercado. Por nuestra experiencia colectiva si quieres ganar la batalla a un desahucio tienes que hacer mucho más. Uno de los grandes problemas que se encuentran los afectados es la desprotección legal, no conocen el proceso, no saben en qué fase están y al no tener representación legal no pueden denunciar las cláusulas abusivas que contienen sus contratos, que por cierto, son muchas (interés de demora al 29%, cláusula suelo y techo, euribor manipulado etc). Por lo que sería indispensable asistencia legal para los afectados, puesto que consideramos que los servicios jurídicos de los Servicios Sociales no tienen ni la formación ni las competencias para llevar a cabo esta labor, para ahorrar costes ese servicio de asistencia legal podría ser mancomunado. La mediación no se acaba cuando tu paralizas un desahucio, tienes que ir a la entidad bancaria (muchas veces, no sólo una), elaborar una estrategia y presionar. Y si, como bien dice el señor Jordán, una de las medidas que se suelen emplear para presionar desde los ayuntamientos a los bancos que desahucian es la de retirar todo el dinero de la cuenta, lo cual no constituye una amenaza, sino que es un derecho que el consumidor tiene cuando no está deacuerdo con los principios éticos de la entidad. Por todo ello, consideramos que los políticos de este ayuntamiento tienen que implicarse de manera directa en las negociaciones con los bancos y el IVIMA, y no desviando esta cuestión a través de los servicios sociales. Por último, en relación con la solicitud de una vivienda al IVIMA, este trámite es lento, pueden pasar muchos meses e incluso años hasta que una familia consiga una vivienda del IVIMA, puesto que estamos asistiendo al desmantelamiento del Instituto de Vivienda de Madrid, existe una gran cantidad de viviendas del IVIMA vacías, sin embargo los trámites se eternizan, esto es posible porque el IVIMA está vendiendo los inmuebles, casas que hemos pagado entre todos los madrileños se están vendiendo a precios irrisorios que están muy por debajo incluso del valor actual en el mercado. Para paliar esta situación, el ayuntamiento puede alquilar viviendas a particulares que conseguirían a precios más baratos puesto que los propietarios tendrían la confianza de que el arrendatario es una institución pública y, por lo tanto, el riesgo de morosidad se suprimiría, a cambio el ayuntamiento ofrecería un alquiler social (no más del 30% de los ingresos) a aquellas familia que han sido desahuciadas de su vivienda habitual. Otra medida que se tendría que tener en cuenta, con expectativas a medio-largo plazo es el de construir viviendas de alquiler social en terrenos públicos, de esta manera se fomentaría el alquiler como alternativa a la compra y no se perderían terrenos públicos, que son de todos los ciudadanos de Manzanares el Real.
Como podrán comprobar aprobamos su gesto de intentar abordar este cada vez más dramático problema, pero consideramos que las medidas son insuficientes, por todo ello esperamos que rectifiquen las cuestiones citadas en este escrito. Por último, nos gustaría invitarles a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sierra Norte que se realizará en Manzanares el Real el 23 de marzo a las 11h. Allí podrán conocer mejor esta realidad, y comprobarán que lo que les pedimos no es desmesurado, es un acuerdo de mínimos. Porque un acuerdo de máximos es pedirles que adopten fórmulas para expropiar aquellas viviendas en estado de abandono cuya titularidad pertenece a entidades bancarias o que han quedado inconclusas debido al boom inmobiliario, lo cual puede parecer utópico, pero esta medida ya se está estudiando en varios municipios.
